Al usar este sitio acepta el uso de cookies propias y de terceros para análisis, contenido personalizado y publicidad.       Cerrar       Más información

Noticias

19-05-2009

Bolonia, en clave de desacuerdos

Los razonables recelos que suscita la adaptación al espacio europeo de educación superior frente a sus contadas bondades.

Opciones

  • Imprimir Imprime esta noticia
  • Enviar Enviar a un amigo

 De repente, nuestras autoridades políticas y educativas en el ámbito estatal, autonómico y universitario se han visto en la necesidad de lanzar una campaña informativa sobre el llamado proceso de Bolonia. Su último ejemplo podría ser el artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA el pasado 19 de abril por la directora general de Universidades del Gobierno asturiano. No deja de sorprender que hayan tenido que esperar a que un número de estudiantes, minoritario, sin duda, pero significativo, haya logrado meter algo de ruido mediático desde hace unos meses en diversas universidades españolas para informar de un proceso de tanta importancia, que, según la citada directora, dará lugar a «una nueva y mejor Universidad en España y en Europa».

Como decano desde hace más de cuatro años de una Facultad que en el curso 2005-2006 puso en marcha sendos proyectos de innovación educativa inspirados en algunos modelos universitarios europeos y que ha hecho todos los deberes para poder implantar en el próximo curso los cuatro nuevos grados adaptados al espacio europeo de educación superior (EEES) en que se reconvertirán sus actuales licenciaturas, creo que estoy en condiciones de poder opinar públicamente al respecto, contribuyendo a la información y al necesario debate sobre el tema.

¿Cómo es posible que desde que se aprobó en 1999 la Declaración de Bolonia haya habido que esperar hasta ahora para lanzar una campaña informativa sobre un proceso tan importante? Inicialmente, los gobiernos del PP pasaron olímpicamente del tema: hasta 2003 no aparecieron los primeros proyectos y decretos al respecto. Poco después, el PSOE ganaba las elecciones y desde entonces se han sucedido hasta tres ministras al frente de los asuntos universitarios (a las que hay que añadir el reciente nuevo ministro). En todos estos años, la información ha sido más bien escasa, el análisis y el debate en el seno de la sociedad española y de la comunidad universitaria han brillado por su ausencia y las propuestas y decisiones que se han ido tomando han sido bastante erráticas, hasta llegar al real decreto de 30 de octubre de 2007 sobre la nueva «ordenación de las enseñanzas universitarias», que está marcando de forma definitiva el proceso de adaptación de las universidades españolas al EEES. Ese R. D., que es la «interpretación» de Bolonia que ha hecho el Gobierno español, así como otros decretos y normativas que se han sucedido, establece algunas opciones que, cuando menos, es discutible que contribuyan a una mayor convergencia con «Europa» y a la imprescindible reforma que necesitan nuestras universidades. Me referiré brevemente a tres que considero especialmente significativas.

En la estructura básica de las nuevas titulaciones se ha optado por el formato 4 + 1 (cuatro años para el grado y uno para el máster), mientras que en la mayoría de los países del EEES se ha optado por el formato 3 + 2, lo que, sin duda, no va a facilitar la comparación de unos títulos con otros ni la movilidad del alumnado, al menos no más que con el actual sistema «Erasmus».

Se ha insistido en que la nueva ordenación universitaria da total autonomía a las universidades a la hora de diseñar sus títulos y, por tanto, potenciar sus recursos, su especialización y su calidad, pero al mismo tiempo se ha puesto en marcha una máquina fiscalizadora implacable, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que ha impuesto, sin ningún debate ni discusión, un modelo de «calidad» de la enseñanza universitaria que, aplicando fundamentalmente criterios tecnocráticos muy discutibles, está forzando a las universidades a adoptar, entre otras cosas, un modelo de planificación, un diseño de objetivos y competencias, y unas metodologías docentes y de evaluación que, además de aumentar exponencialmente el trabajo burocrático y de papeleo que se le exige al profesorado, reducen prácticamente a la nada la autonomía universitaria y es muy dudoso que garanticen la calidad de la docencia.

En tercer lugar, a diferencia de otros países, como Francia o Portugal, que optaron por introducir los cambios en un solo año, sustituyendo en bloque las viejas carreras por las nuevas titulaciones de grado y máster, en España se ha decidido iniciar los nuevos másteres (haciendo desaparecer todos los doctorados ya en el próximo curso) sorprendentemente antes incluso que los grados, cuya continuación natural se supone que son, y además los grados se van a implantar año a año, lo que significa que hasta el curso 2013-2014 van a perdurar las viejas titulaciones, con los problemas organizativos añadidos que ello conlleva.

Incidentalmente, hablando de los másteres, cabe señalar que también a diferencia de la mayoría de los países europeos, el Gobierno español ha impuesto un -llamado brevemente- máster de Secundaria (especializado básicamente en pedagogía y psicología), que a partir del próximo curso tendrán que hacer todos los licenciados (y los futuros graduados) si quieren presentarse a las oposiciones de Enseñanza Secundaria, una opción a la que recurren muchos licenciados, especialmente en algunas ramas del conocimiento como las Humanidades, pero al que ahora sólo podrá acceder un número limitado de alumnos. ¿Tan difícil hubiera sido, por ejemplo, establecer un mecanismo similar al de los MIR por el que a las oposiciones se pudieran presentar todos los titulados y a los que aprobaran la oposición, demostrando su mayor conocimiento de la especialidad correspondiente, ofrecerles la realización de un máster profesional con prácticas incluidas de uno o dos años de duración?

Desde luego, un proceso de homologación de los sistemas universitarios europeos es muy complejo, pero yo añadiría que en España ese proceso gracias a las decisiones (o falta de decisiones) que están tomando o dejando de tomar nuestras autoridades, está resultando un tanto caótico y kafkiano, dentro de la extraordinaria aceleración y apresuramiento para que todo esté culminado en 2010-11, como exigen los acuerdos de Bolonia. Algunos datos pueden avalar esta afirmación. Las universidades y centros que optaron por iniciar el proceso de adaptación lo antes posible se han encontrado con que las reglas del juego no estaban del todo claras y, lo que es peor, algunas se han ido estableciendo o modificando en pleno proceso. Un ejemplo, los protocolos de verificación utilizados por la ANECA han incorporado sobre la marcha nuevas cuestiones y su aplicación concreta no parece responder a criterios homogéneos. Otro ejemplo, los criterios establecidos por la Universidad y por el Gobierno asturiano sobre las condiciones para implantar los grados y los másteres y elaborar los planes de estudios o sobre los tipos de actividad docente presencial y los criterios sobre los tamaños de los grupos en cada uno de ellos se han fijado cuando ya se había empezado a diseñar los nuevos títulos. Otro ejemplo, sangrante, el Gobierno sigue sin aprobar el decreto que debe regular las obligaciones laborales del profesorado derivadas de la nueva ordenación universitaria y que se han multiplicado y diversificado enormemente (clases expositivas, prácticas de aula, tutorías grupales, individuales, de prácticas externas, de movilidad, on line, coordinación de asignaturas, coordinación de cursos, participación en comisiones de docencia, de calidad, de reconocimiento y transferencia de créditos, etcétera).

Cuesta entender que así se pueda planificar bien la implantación de los nuevos títulos y que esto sea empezar con buen pie.

Entiéndaseme bien. Estoy convencido de que la Universidad española necesita reformas y cambios imprescindibles para cumplir mejor sus importantes funciones docentes e investigadoras al servicio de la sociedad y de que, a falta de mejores alternativas, el proceso de Bolonia, esto es, una mayor convergencia con los modelos universitarios europeos, es una oportunidad que hay que aprovechar siempre que vaya en esa dirección. Pero parece obvio que, bajo el nombre, o con la excusa, de Bolonia nuestras autoridades políticas y académicas están cogiendo sólo algunas bondades de la convergencia con Europa y olvidándose de otras muchas. Por ejemplo, y no es una nimiedad, España, la octava potencia económica del mundo (eso se dice), dedica sólo el 1,1% de su PIB a la educación superior, cuando la media de la Unión Europea es el 1,8% (¡y el 2,6 en Estados Unidos!): ¿cómo se pretende competir en esas condiciones? Por supuesto, no todo lo hace el dinero, pero ¿cuáles son los presupuestos con que cuentan las universidades situadas en los primeros puestos de cualquier ranking?, ¿cuál es la proporción entre estudiantes y profesores?, ¿cuál es la proporción entre profesores y personal de administración y servicios?, ¿con qué infraestructuras cuentan de laboratorios, bibliotecas, nuevas tecnologías, aulas adecuadas, espacios de estudio...? Las universidades españolas no están entre las mejores del mundo, pero con el nivel de recursos con que cuentan hacen, por lo general, virguerías.

Otro ejemplo de no convergencia con Europa es el de la política de becas, fundamental para posibilitar un principio básico de la enseñanza universitaria pública: la no discriminación y el acceso equitativo a la misma de todos los capaces, esto es, la cohesión social que Bolonia exige con insistencia. Pues bien, España dedica el 0,08% de su PIB a becas universitarias, mientras que la media de los países de la OCDE es del 0,25%, a becas se dedica el 8,2 del gasto público español en educación superior, mientras que la media de la OCDE es del 10,4%.

Ni el Ministerio ni el Gobierno asturiano parecen dispuestos a tomar medidas significativas para paliar esta situación y se diría que pretenden hacer toda esta profunda reforma universitaria, competir con Estados Unidos, alcanzar la «excelencia» académica, a coste cero. La directora general de Universidades del Gobierno asturiano trataba en su artículo de hace unos días de defenderse de esta acusación haciendo referencia a los gastos realizados estos últimos años en infraestructuras, incremento de plantillas, planes regionales de ciencia, tecnología e innovación, congelación de precios públicos, mejora continuada de becas «Erasmus», partidas específicas para financiar la adaptación al EEES.

Pero, aun reconociendo el esfuerzo económico del Gobierno asturiano, hay que decir que eso podía quizá paliar las necesidades de la situación anterior, pero no aborda en absoluto la nueva situación, si realmente se quiere hacer una Universidad de Oviedo adaptada a lo mejor del modelo europeo. Sin duda, habrá que eliminar ineficiencias en el gasto, pero la reducción en 7 millones de euros de la propuesta de presupuestos realizada por el Rectorado, la falta de partidas específicas para la adaptación (por ejemplo, para reacondicionamiento de espacios, aulas, mobiliario, salas de trabajo, nuevas tecnologías...), la inexistencia de financiación por objetivos, etcétera, no se pueden suplir con la buena voluntad y el esfuerzo adicional de la comunidad universitaria. En un momento tan importante para el próximo futuro de la Universidad como el actual, el mensaje no puede ser únicamente que esto no es lo que nos gustaría y que, como hay crisis económica, no queda más remedio que aguantarse.

¡Pobre Bolonia! ¡Cuántos despropósitos se pueden hacer en tu nombre! ¿Estamos todavía a tiempo de reconducir algunos de ellos? ¿No sería bueno darse una moratoria antes de introducir en estas condiciones las nuevas titulaciones?

OCTAVIO MONSERRAT ZAPATER DECANO DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Fuente: http://www.lne.es